Más de una docena de altos funcionarios ya renunciaron a sus respectivos cargos en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Casi todos dimitieron a raíz de presiones que se dieron por hechos de corrupción o errores en la gestión.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, enfrentó un difícil primer año de gestión, incluso se vio obligado a desactivar una amenaza de juicio político en su contra. Para paliar diversos problemas, varios de sus colaboradores debieron renunciar a sus cargos.
En febrero de este año, la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Karina Gómez, renunció al verse envuelta en las polémicas que surgieron en torno a los bienes del supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña, quien se encuentra procesado junto al diputado colorado Ulises Quintana.
No obstante, Gómez alegó que dimitió del cargo por motivos personales, sumado a un permiso próximo de embarazo.
La crisis por el acta de Itaipú
El siguiente en dejar su cargo fue el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, quien puso su cargo a disposición luego del escándalo generado por la firma del acuerdo secreto sobre la contratación de energía de la Itaipú Binacional con el Brasil.
El acuerdo firmado en el mes de mayo y dado a conocer recién en julio generó un gran rechazo por parte de partidos opositores y la ciudadanía en general, que con manifestaciones y presión popular impulsaron un pedido de juicio político ante el Congreso contra el primero y segundo del Ejecutivo, Abdo Benítez y Hugo Velázquez, respectivamente.
Asimismo, fuertemente criticados por el acta bilateral, el embajador paraguayo ante el Brasil, Hugo Saguier, el director de Itaipú, Alberto Alderete, y el titular de la ANDE, Alcides Jiménez, también pusieron a disposición sus respectivos cargos.
La crisis se había desatado con la renuncia bajo presión política del ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, quien dio a conocer el documento, tras ser presionado para dar su aval al acuerdo, el cual suponía un sobrecosto de USD 250 millones para la estatal. En su reemplazo había asumido Jiménez para firmar el documento.
El escándalo también alcanzó a la ex ministra de la Seprelad, María Epifanía González, cuyo hijo, José Rodríguez, había actuado como representante de una firma brasileña interesada en comprar energía de la ANDE, complicando también al vicepresidente Velázquez y al primer mandatario Abdo Benítez, quienes tuvieron que aclarar ante la Fiscalía su participación en el hecho.
Supuestamente, con el objetivo de beneficiar solo a la empresa brasileña, se obvió del acuerdo un artículo que beneficiaría al país con la venta de energía a empresas extranjeras. La ex ministra dimitió del cargo por el escándalo desatado por su hijo, que incluyó al vicepresidente en una investigación penal.
Irregularidades en IPS
Cuando se hablaba de la destitución del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Armando Rodríguez, el mismo terminó dimitiendo al cargo, con una gestión empañada por supuestas irregularidades en la licitación del servicio de seguridad para la previsional y en compras para el nuevo Hospital Ingavi, además de la escasez de medicamentos y el precario servicio.
La fuga de Samura
El mes pasado nada más, el 11 de setiembre, el ministro de Justica, Julio Ríos, se vio obligado a dimitir por la muerte del comisario Félix Ferrari y la fuga del peligroso criminal y supuesto miembro del Comando Vermelho, Jorge Samudio, alias Samura, quien fue rescatado por hombres armados ante una presunta complicidad de autoridades penitenciarias, dependientes de dicha cartera de Estado.
El director del penal de Emboscada, Juan Carlos Irala, fue detenido por no informar a la Policía Nacional sobre la peligrosidad del preso, al igual que otros guardiacárceles que habrían facilitado el escape del recluso.
El hecho generó también críticas al actual ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, cuya continuidad al frente de la cartera de Estado se encuentra en duda y a la fecha suena el nombre del analista político, experto en materia de seguridad y ex senador, Euclides Acevedo.
Villamayor fue interpelado recientemente por el Congreso por la fuga de Samura, la ola de inseguridad y también por la adquisición de comisarías móviles a un alto costo.
La disputa en torno a Friedmann
El 12 de septiembre, a un día de la renuncia de Julio Ríos al frente del Ministerio de Justicia y el relevo del comandante de la Policía Nacional, Walter Vásquez, el presidente de la República decidió nombrar al senador con permiso Rodolfo Friedmann como ministro de Agricultura y Ganadería, en reemplazo de Denis Lichi, pese a la oposición de gremios del sector.
La movida forma parte un aparente acuerdo político con el movimiento Honor Colorado, que salvó del juicio político al Ejecutivo por la crisis de Itaipú.
Friedmann había asumido la senaduría en vez del líder de Honor Colorado y ex presidente de la República, Horacio Cartes, quien, al igual que el también ex mandatario, Nicanor Duarte Frutos, no fue convocado para jurar como senador por el entonces titular de la Cámara Alta, Fernando Lugo, quien se basó en el artículo 189 de la Constitución Nacional, que dispone que los ex presidentes pasen a ocupar la senaduría vitalicia y no activa.
Este acuerdo político abrió la posibilidad de que Cartes pueda intentar jurar como senador y en ese caso Friedmann era considerado un obstáculo. En ese marco, los senadores de Honor Colorado habían colocado carteles frente a sus curules para exigir el juramento de su líder.
No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana transmitió el malestar de Cartes por el permiso otorgado a Friedmann para asumir como ministro, cuando consideran que debió haber renunciado.
La salida de Julio Ullón y de Horacio Torres
De la misma manera, el pasado 4 de octubre Julio Ullón dejó el cargo de jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, luego de ser vinculado como interlocutor de la empresa brasileña Leros, interesada en la compra de energía de la ANDE en el escándalo de Itaipú y en el papelón que conllevó la visita del supuesto representante de la firma italiana Lamborghini en Latinoamérica, Juan Fernández, quien resultó tener problemas judiciales con la empresa automotriz.
El martes pasado, el ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Horacio Torres, renunció al salir a la luz hechos de coima que se habrían registrado en la institución.
“Al final me están queriendo involucrar en cosas que no son ciertas. Yo renuncié. Primero, por toda esta situación. No estoy acostumbrado a estar así. Quise colaborar con el Gobierno por mi capacidad y experiencia. Tampoco quiero salpicar a nadie. Para todo lo que sea investigación fiscal, estoy abierto”, manifestó en su momento.
Por el caso, fueron imputados por cohecho pasivo agravado el ex diputado y gerente de Créditos del ente, Carlos Soler, además del asesor jurídico Enrique de la Fuente.
Manifestación de indígenas
Finalmente, la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen, renunció el pasado viernes, ante una manifestación de alrededor de 11 horas por parte de comunidades indígenas en el Puente Remanso, que generó un tráfico de alrededor de 10 kilómetros, además del disgusto de las personas que intentaban atravesar el tramo. La figura de Allen fue fuertemente resistida por los nativos desde el comienzo de su gestión.
Nuevos cambios. A la fecha suenan los nombres de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, cuya gestión arrojó supuestas irregularidades durante una auditoría realizada por el Ejecutivo, además de Villamayor, quien pasaría a ocupar el cargo que dejó Ullón como jefe de Gabinete.
Fuente: UH
