Victor Pavón
Decano de Currículum de UniNorte y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.
Víctor Pavón dice que cualquier nuevo impuesto tiene incidencia sobre la disponibilidad de dinero de las personas, en mayor o menor grado y sin importar su nivel de ingreso.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, acaba de escribir una nueva página en los estudios básicos de economía, en particular en lo que se refiere a la política fiscal: “La reforma tributaria no afecta a la clase trabajadora”. Esta aseveración no sería tan llamativa si no hubiera sido dicha por un primer mandatario, el que dirige la administración del Estado, motivo por el que resultan no solo importante viniendo de quién viene, sino también sumamente grave por los efectos que dicha afirmación constituida en una ley (como se pretende) incidirá negativamente sobre la gente y de ese modo sobre la sociedad en su conjunto.
El presidente Abdo puede ser un ignorante en materia fiscal dado que no es precisamente, como se nota, su área de conocimiento. Pero como administrador del Estado debe rodearse de asesores que le digan si tal o cuál medida a tomar es viable u oportuno. Está visto que no sucede esto, pese a que su obligación y con el presupuesto de dinero que maneja, bien debería contar con gente que lo ayude a tomar decisiones desde el poder administrador del país.
Pero no ha sucedido esto. Ni el presidente Abdo ni sus asesores tienen la más mínima idea acerca de cómo funcionan los tributos y de su afectación sobre la economía de las personas y las empresas. Se podría decir que hasta es de sentido común que si agrego un costo a un producto o servicio determinado, el precio de alguna manera se verá afectado y esto que costo y precio son cosas diferentes; no obstante, si el pan, la leche, la moto, el aparato celular o el salario de una persona tiene un nuevo costo en su producción y comercialización, el precio de todos esos productos citados ya no será el mismo para el público.
Y la razón es sencilla y es de sentido común y de ciencia aplicada a la realidad. Todos los impuestos, sin excepción, provienen del aporte de la gente que se originan por la conjugación dos factores de producción en directa relación con el capital y el trabajo. Si el Estado crea por mandato de una ley un nuevo costo que puede ser un impuesto, una tasa, un arancel y hasta un trámite más para los contribuyentes, pues entonces quiere decir que las personas tienen ahora menos dinero disponible en sus bolsillos.
Cualquier nuevo tributo, tasa, arancel o trámite tiene incidencia sobre la disponibilidad de dinero de las personas, en menor o mayor grado y no interesa si una persona tiene o no más ingresos que los demás. Esto es lo que se llama básicamente y para no utilizar demasiados términos técnicos, desvío de recursos en la descapitalización de los mercados. Es decir, ya no es la persona propietaria de su dinero el que dispone para sí y su familia de lo que le pertenece, sino que será el Estado mediante el gobierno el que hará uso de aquel dinero.
Este desvió de recursos, a su vez, implica no solo una cuestión de números en términos económicos sino sobre todo tiene un contenido moral pues sacarle a alguien por la fuerza (por medio de la ley de la reforma tributaria en este caso) para que otro disponga de lo que a uno le pertenece se constituye en un deleznable acto de robo, un robo legalizado por el sistema perverso, ineficiente y corrupto que sabiendo que dispone de dinero y lo utiliza mal, sin contraprestación ni rendición de cuentas, todavía pretende contar con más recursos y, para colmo, decirle a la gente que no les afectará.
