El terrible riesgo para la vida de peatones y motociclistas, caótico tránsito producto de la total falta de ordenamiento y control, son ingredientes que infieren a pensar que la vida es el valor menos preciado en esta problemática.
La vida joven de una mujer es el precio mas caro que pagado hasta el momento por el descontrol, la indolencia y las motivaciones económicas inspiradas en una minimización de costos, aún a riesgos y costos de vidas humanas, seguidas de luto, dolor y desconsuelo.
Tapé Porá es la concesionaria privada de la ampliación de la ruta n° 7, en síntesis, es la responsable ante el estado y la sociedad, de la seguridad de las personas, en el sentido de que cualquier alteración en el nivel de riesgo en el tránsito es provocada por las obras en ejecución.
Nadie puede «prorratear la responsabilidad» entre constructoras y víctimas, eludiendo la responsabilidad propia, acto bastante folclórico en el desempeño de las autoridades y empresas de nuestro país.
La preocupación ante los riesgos, que hasta la fecha siguen presentes, han sido señalados por éste medio desde el inicio de las obras, sin embargo, no han sido tenidos en cuenta por los responsables, tanto autoridades como empresas constructoras y concesionaria, ya que no se observa, hasta el momento, algún dispositivo destinado a ordenar el paso sobre la ruta internacional n° 7.
No se desvalora las acciones destinadas a dar seguridad y comodidad a largo plazo pero LORENA BEATRIZ MARTINEZ LOVERA, soltera, 22 años de edad ya no las verá, quizá, para algunos, es el precio a pagar por el progreso.
Mientras la sociedad observa impávida estas tragedias, los responsables principales y secundarios seguirán si hacer nada, solamente impulsados por su «Animus Recaudandi».
